En estas últimas semanas el tema de la inseguridad ciudadana dio un salto de las primeras planas de los diarios, a convertirse en el principal punto de conversación y debate, tal como hace referencia Augusto A. Rodrich “Dos asesinatos lamentables ocurridos en los últimos días han puesto a la seguridad ciudadana en el tope de la agenda nacional…” (Articulo http://www.larepublica.pe/columnistas/claro-y-directo/fuego-cruzado-26-02-2013).
Pasan más días y lo que fue el polémico centro de atención para los medios de comunicación va perdiendo brillo y vigencia. Antes que el tema de la inseguridad ciudadana vuelva a ser sepultado en el olvido dejemos un análisis y evaluación final como lección de los acontecimientos.
Contexto: Para empezar hablemos de
inseguridad ciudadana usando como referencia la Capital, según el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, cada
día se registran 240 delitos (¿En cuánto aumentaría la cifra por los
delitos no denunciados?) en Lima Metropolitana y el Callao en las modalidades
de hurto, robo, lesiones graves, violación, micro comercialización de drogas,
homicidios y secuestros.
Política para combatir
la inseguridad: Ante
esta situación de caos, pánico colectivo y violencia criminal el gobierno viene
realizando discretas reformas en la institución policial (aumento de sueldos,
compra de vehículos y elevar el número de efectivos para la vigilancia en las
calles).
Este
guion es usado repetidamente para disminuir las estadísticas sobre la
delincuencia (Que cada día van en aumento), sólo apela a lo superficial,
mediático y al futuro electoral del
gobierno que lo emplea.
Policía 0.1 y
Delincuencia 2.0: El
mundo moderno, tecnológico y cambiante, el crecimiento económico ocasiona que la
realidad delincuencial desborde la acción de la policía. El crimen organizado
presenta nuevas modalidades, estilos y procedimientos, tiene mayor alcance,
comunicación y despliegue. La policía necesita con urgencia una modernización
de equipos acompañada de una mayor especialización de sus integrantes.
Comunicación
Institucional: El
poder judicial es el encargado de diseñar y promover las leyes que ayuden a
combatir la delincuencia y la policía es la encargada de hacer respetar esas
leyes. La inexistencia de un trabajo coordinado es notoria, el poder judicial
actualmente establece leyes (Nuevo código procesal penal) que además de
favorecer al delincuente (ley del monto mínimo), vulnera y reprime la acción de
la policía. ¿Existe alguna explicación?, intentaré delinear la siguiente:
La
policía como la principal institución encargada de combatir la delincuencia, carece del
apoyo de instituciones especializadas que permitan sistematizar sus experiencias en investigaciones,
análisis y planes al no existir estos insumos, los juristas encargados de
diseñar leyes que castiguen el delito, caen en la facilidad de acoplar (por no
decir copiar) códigos de países con otras realidades y otras situaciones. Esto
genera leyes descontextualizadas que terminan entorpeciendo el trabajo de la
policía.
Ciudadanos Armados: Parece ser esta uno de los principales
efectos de esta situación de alarma que parece no tener una solución a corto
plazo, si bien ya hay ciudadanos que optan por esta salida, esta parece
perfilarse como tendencia creciente en los próximos años.
Reflexión Final: Como
lo han mostrado los últimos acontecimientos la delincuencia no sólo atenta
contra nuestros bienes, además atenta lo más importante que tenemos, la vida misma. Que
no necesitemos ser removidos por los medios de comunicación para empezar
evaluar estos temas de fondo. Existen numerosos crímenes en el país que por
adolecer de cobertura mediática, nadie los demanda y todos los olvidan.